A escasos meses para las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el gobierno de Honduras está sufriendo una creciente pérdida de legitimidad ante la opinión pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que ha liderado desde 2022, ha enfrentado críticas y acusaciones provenientes de la oposición política, sectores empresariales y grupos de la sociedad civil, que afirman que se estarían llevando a cabo supuestas tácticas para manipular el proceso electoral y mantener el poder pese a una significativa baja en los sondeos.
Disminución en el respaldo electoral y falta de confianza
Encuestas recientes, como las de Pro Encuestas y TResearch, indican que la candidatura presidencial de Rixi Moncada ha experimentado un declive sostenido. Inicialmente posicionada como favorita, Moncada ha sido superada en las mediciones por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, quedando relegada al tercer lugar.
Analistas señalan que esta disminución se debe a una mezcla de elementos: acusaciones de corrupción dentro del gobierno, divisiones internas en el partido oficial, desempeño económico deficiente y una percepción creciente entre los ciudadanos de falta de transparencia en la administración pública. La pérdida del apoyo popular ha coincidido con una intensificación en la retórica política desde el Ejecutivo y con indicios de tensiones institucionales que han activado las alertas en varios sectores.
Dudas acerca del proceso de elecciones y supervisión institucional
Un tema central de polémica es la decisión del oficialismo de rechazar la revisión manual de los votos, algo común en procesos previos que actúa como un mecanismo de verificación adicional ante la digitalización de los resultados. La oposición y organizaciones independientes alertan que suprimir esta revisión podría permitir irregularidades y dificultar auditorías tanto ciudadanas como internacionales.
También se ha informado sobre medidas destinadas a obstaculizar el despliegue del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), esencial para garantizar la claridad del conteo. Las inquietudes han aumentado dentro del mismo Consejo Nacional Electoral (CNE), con consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall manifestando presiones y esfuerzos por obstruir su labor.
Organizaciones empresariales y representantes de la oposición interpretan estas medidas como parte de una estrategia para consolidar el control institucional del proceso electoral, limitar la supervisión externa y garantizar al oficialismo un margen de maniobra ante una eventual derrota en las urnas.
Denuncias de tendencias ideológicas y ambiente de conflicto
En Tegucigalpa se llevó a cabo una reunión del Foro de São Paulo con delegaciones de gobiernos progresistas de la región, lo que avivó nuevamente el debate sobre las conexiones internacionales del partido LIBRE. Críticos mencionaron que estas relaciones con el bloque Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar destinadas a imitar sistemas de gobernanza que favorecen la acumulación de poder y limitan los ámbitos de participación democrática.
Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han alertado sobre la probable implementación de un «Plan Venezuela», que busca provocar inestabilidad en las instituciones, manifestaciones fomentadas y obstáculos administrativos que compliquen la transición gubernamental.
De acuerdo con estos informes, grupos simpatizantes del gobierno posiblemente llevaron a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, lo que podría ayudar a minar la confianza en el proceso electoral y aumentar la división política en el país.
Panorama dudoso frente a una votación crucial
Con un panorama electoral cada vez más fragmentado y un oficialismo que pierde terreno en la opinión pública, Honduras se encamina hacia unos comicios marcados por la desconfianza, la tensión institucional y el cuestionamiento a las reglas del juego democrático.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, sectores empresariales y líderes políticos han reiterado la necesidad de una observación internacional robusta y de mecanismos de garantía que salvaguarden la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
La actual coyuntura expone no solo la fragilidad del consenso democrático en el país, sino también la dificultad para encauzar la competencia política dentro de márgenes institucionales estables, en un contexto de creciente desafección ciudadana y desconfianza en las instituciones del Estado.
