A menos de cinco meses para las elecciones generales en Honduras, el involucramiento de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral continúa generando discusiones. Su función constitucional es asegurar la seguridad, cuidado y traslado del material electoral, además de la protección de los centros de votación, enfrentándose a un incremento en los cuestionamientos, impulsados por fallos recientes y un contexto de desconfianza hacia las instituciones.
Pronunciamientos formales y compromisos institucionales
Los altos oficiales del Ejército han confirmado públicamente su compromiso con los principios constitucionales de imparcialidad y respaldo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, en representación de la alta jerarquía militar, subrayó la promesa de las FF. AA. de asegurar un proceso electoral “justo, claro y protegido”, destacando el papel no político y sin deliberación de la institución militar.
La Secretaría de Defensa ha subrayado que las fuerzas armadas operarán siguiendo las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), conforme a lo estipulado en la Constitución. Así, en el tiempo electoral, las FF. AA. deben desligarse funcionalmente del Poder Ejecutivo para enfocarse únicamente en proteger el proceso electoral.
Opiniones negativas debido a errores en logística y eventos pasados
Pese a las declaraciones oficiales, distintos sectores han puesto en duda la capacidad de las Fuerzas Armadas para garantizar un proceso electoral sin contratiempos. En las elecciones primarias celebradas en marzo de 2025, se reportaron retrasos de hasta cinco horas en la entrega del material electoral en ciudades clave como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Las fallas logísticas fueron atribuidas tanto al mando militar como a la titular de Defensa, Rixi Moncada, lo que desató una ola de críticas desde la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Estos incidentes reactivaron el debate sobre la preparación operativa del Ejército en tareas electorales y reavivaron los cuestionamientos sobre su independencia. Algunos analistas advierten que, si no se corrigen las fallas evidenciadas en las primarias, el proceso del 30 de noviembre podría enfrentar problemas similares, comprometiendo la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del proceso democrático.
Conflictos institucionales y peligro de politización
La controversia ha tocado igualmente al discurso oficial. Especialistas indican que grupos pro-gubernamentales han procurado restar importancia a la responsabilidad de las FF. AA. en los fallos logísticos de marzo, fomentando un relato dirigido a mantener la reputación de la entidad militar. Esta actitud ha coincidido con una creciente falta de confianza en el CNE, cuyas habilidades técnicas y directrices han sido cuestionadas por su gestión del cronograma electoral y su vínculo con el Ejecutivo.
En este escenario, el papel de las FF. AA. es cada vez más sensible. Aunque su misión constitucional les prohíbe involucrarse o tomar partido en cuestiones políticas, la imagen pública de su neutralidad se resiente debido a la politización del debate electoral. La tensión crece conforme se acerca el momento de las elecciones, en un entorno caracterizado por la polarización y las dudas sobre la institucionalidad democrática.
Un reto para la validez de las elecciones
El involucramiento de las Fuerzas Armadas en las elecciones de noviembre es crucial para la legitimidad del proceso electoral en Honduras. A pesar de que la Constitución les otorga un papel operativo específico y definido, los antecedentes de problemas logísticos y la desconfianza en el sistema electoral ponen a la institución militar en una situación complicada.
En una nación caracterizada por una notable polarización política y una institucionalidad democrática débil, la actuación de las FF. AA. en las elecciones podría afectar significativamente la percepción de legitimidad de los resultados de los comicios. La claridad en las operaciones y la estricta adhesión al mandato constitucional serán esenciales para prevenir tensiones adicionales y mantener la estabilidad democrática en un año electoral crucial.
