Diez meses tras la difusión del video que conecta a un personaje relevante del liderazgo presidencial con el tráfico de drogas, la Fiscalía de Honduras sigue sin mostrar avances claros. La falta de acción del Ministerio Público respecto a un escándalo que afecta al entorno inmediato de la presidenta Xiomara Castro ha incrementado la presión política y ha acrecentado la desconfianza en las instituciones.
Fiscalía sin respuestas claras ante un caso de alto impacto
Desde que en septiembre de 2024 se difundiera el video conocido como el “narcovideo” donde aparece Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, en una reunión con narcotraficantes, la Fiscalía no ha emitido acusaciones formales ni avances procesales verificables. En la grabación, los interlocutores ofrecen 13 millones de lempiras para financiar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que hoy gobierna.
Luego de la filtración, Carlos Zelaya dimitió de su posición como diputado y secretario del Congreso Nacional. Igualmente, su hijo, José Manuel Zelaya, renunció a su rol de secretario de Defensa. Rafael Sarmiento, líder del grupo oficialista, también ofreció su dimisión. No obstante, aparte de estas renuncias, no se han tomado medidas legales específicas.
La Fiscalía ha comunicado que el asunto está “en revisión”, habiéndose solicitado colaboración legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentación relacionada con procesos judiciales anteriores. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre los resultados de estas gestiones, ni se ha divulgado un plan de investigación al público.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La divulgación del video generó una ola de reacciones desde distintos sectores. La presidenta Xiomara Castro condenó cualquier vínculo entre actores políticos y estructuras criminales, pero enmarcó la filtración como un intento de desestabilizar su gobierno con miras a las elecciones de 2025.
Sin embargo, para organizaciones que luchan contra la corrupción y grupos opositores, el escándalo ha generado dudas sobre la integridad del proyecto político de LIBRE. Diversos actores han llegado a pedir la dimisión de la presidenta, alegando que el caso va en contra de su retórica de cambio con el pasado y de combate al narcoestado.
Estas posiciones ponen de manifiesto una creciente fricción en el escenario político del país, donde las demandas de rendición de cuentas se enfrentan a una reacción institucional vista como inadecuada. La ausencia de medidas específicas por parte del Ministerio Público ha fortalecido la idea de impunidad en asuntos que involucran a personas cercanas al poder.
Erosión institucional en un contexto de polarización electoral
El «narcovideo» no ha sido un evento aislado. Se añade a una cadena de escándalos recientes que han minado la confianza del público en los compromisos de cambio anunciados por el gobierno de Castro. La ausencia de medidas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma firmeza cuando los involucrados son parte del partido gobernante.
Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este asunto toma importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el oficialismo intenta reducir el efecto del escándalo en su discurso público. En este contexto, la exigencia social por claridad y equidad se sostiene como un punto de presión continuo.
Un ejemplo que define el ritmo de la institucionalidad en Honduras
Casi un año después de haberse dado a conocer, el narcovideo sigue sin llevar a acciones legales concretas, al tiempo que crecen las críticas hacia el papel de la Fiscalía y la dedicación del gobierno a la apertura informativa. La continua inacción daña todavía más la credibilidad de las instituciones, en una nación caracterizada por su pasado de impunidad y la constante presencia del crimen organizado en el ámbito político.
El manejo de este caso representa no solo un reto inmediato para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una prueba crítica para la solidez del Estado de derecho en Honduras. La manera en que se resuelva o se omita marcará el curso de la credibilidad institucional de cara a un proceso electoral altamente polarizado.
