La pieza SEPI del caso Leire sitúa bajo investigación a José Ramón Sempere Vera, expresidente de Mercasa entre 2018 y 2024, una etapa clave para entender algunas de las operaciones que ahora examina la Audiencia Nacional. Su imputación vuelve a colocar en el centro del debate la gestión de las empresas públicas y la posible utilización de sus estructuras para favorecer intereses privados mediante contactos, adjudicaciones o información privilegiada.
Mercasa es una sociedad pública participada mayoritariamente por la SEPI y vinculada a la red de mercados mayoristas y a infraestructuras alimentarias estratégicas. Por esa razón, la presencia de su expresidente en una causa sobre presuntos amaños en empresas públicas no es un asunto menor. Afecta directamente a la confianza en la gestión de entidades estatales que manejan recursos, contratos y decisiones de interés general.
Sempere ha sido incluido por el juez Santiago Pedraz entre los 25 investigados de la pieza relacionada con la SEPI, una derivada que se dedica al análisis de posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. Conforme a las informaciones publicadas, la investigación abarca operaciones vinculadas a Tubos Reunidos, ENUSA, Mercasa, Forestalia y otras entidades del sector público empresarial.
El foco sobre Mercasa se dirige especialmente a José Ramón Sempere y a María Teresa Castillo Pasalodos, quien fue su número dos en la compañía pública. La Fiscalía trata de determinar si dentro de Mercasa pudieron adoptarse decisiones o impulsarse actuaciones que beneficiaran a empresas conectadas con la presunta red investigada. Entre las sospechas figuran adjudicaciones, informes internos y movimientos corporativos que habrían podido ser utilizados para abrir oportunidades de negocio a sociedades del entorno de la trama.
Lo que confiere gravedad al asunto es que Mercasa no se presenta como una mera entidad marginal, sino como uno de los pilares sustanciales de la investigación. Los pesquisidores examinan la posibilidad de que ciertos movimientos comerciales hubieran podido verse influenciados por gestores vinculados a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, el grupo al que se le atribuye una presunta capacidad de incidir en resoluciones administrativas a cambio de retribuciones. La UCO ha catalogado el conjunto de transacciones bajo sospecha como subvenciones y acuerdos asociados a organismos empresariales de carácter público y organismos adscritos a la SEPI.
Sempere, como presidente de Mercasa durante el periodo investigado, deberá aclarar qué conocimiento tuvo de las decisiones examinadas, qué papel desempeñó en los procedimientos internos y si existieron contactos con personas o sociedades vinculadas a la presunta red de influencia. La clave judicial será determinar si su actuación se limitó a la gestión ordinaria de la empresa pública o si pudo tener alguna intervención relevante en operaciones presuntamente irregulares.
Desde el punto de vista político, su imputación resulta especialmente incómoda porque suma otro antiguo responsable de una empresa estatal al mapa de sospechas que ya afecta a la SEPI, ENUSA, Tubos Reunidos y Forestalia. La causa dibuja un escenario en el que la frontera entre lo público y lo privado aparece peligrosamente difuminada, con empresarios, exdirectivos, cargos públicos y perfiles próximos al entorno socialista bajo examen judicial.
La investigación también obliga a mirar de cerca los controles internos de Mercasa. Si las adjudicaciones, informes o decisiones corporativas se adoptaron conforme a criterios técnicos, deberán quedar documentadas y explicadas. Si, por el contrario, se acredita que hubo presión, trato de favor o acceso privilegiado a información, la responsabilidad no podrá quedarse en los intermediarios: deberá alcanzar a quienes tuvieron capacidad de decisión o supervisión dentro de la empresa pública.
La investigación SEPI vinculada al caso Leire continúa expandiendo sus ramificaciones, planteando un interrogante cada vez más complicado de eludir: ¿actuaron las entidades públicas como herramientas destinadas al servicio del bien común o resultaron expuestas ante una estructura de influencias, retribuciones e intercambios de favores? Respecto a Mercasa, José Ramón Sempere habrá de comparecer ante los tribunales para justificar su desempeño durante ese período sometido a investigación.
Fuente: El País, RTVE, Infobae, Vozpópuli, elDiario.es y 20 Minutos.