Tribunal federal desestima acusación contra exfiscal anticorrupción de Chihuahua

Un tribunal colegiado federal revocó la resolución que mantenía vigente el proceso contra Francisco González Arredondo, exfiscal especializado en derechos humanos de Chihuahua, y determinó que la acusación presentada en su contra no contaba con elementos jurídicos suficientes para sostener su vinculación a proceso. La decisión cuestiona la forma en que la Fiscalía estatal planteó las acusaciones por presunta tortura psicológica.

Entre 2016 y 2021, González Arredondo lideró la denominada Operación Justicia para Chihuahua, un plan promovido durante la gestión de Javier Corral con el fin de indagar acerca de una supuesta trama de malversación de fondos públicos vinculada al mandato del exgobernador César Duarte. Como consecuencia de la alternancia en el poder del estado, resultó aprehendido en noviembre de 2022, transitando así de encabezar pesquisas anticorrupción a afrontar un procedimiento judicial.

La resolución judicial, dictada el 30 de julio a lo largo de un fallo de 109 páginas, determina que el Ministerio Público no especificó con la claridad debida en qué momento se habrían consumado los actos imputados al exfuncionario. A ojos del tribunal, dicha imigüedad mermó las oportunidades de González Arredondo para estructurar una defensa idónea frente a los cargos.

Uno de los principales cuestionamientos del tribunal se refiere al periodo utilizado por el Ministerio Público para situar los presuntos actos de tortura. La acusación abarcaba aproximadamente 21 meses, entre febrero de 2017 y noviembre de 2018, pero no identificaba fechas concretas, circunstancias específicas ni la participación que habría tenido el exfiscal en cada uno de los hechos señalados.

Los magistrados también analizaron los registros audiovisuales correspondientes a las sesiones iniciales del trámite. Durante su revisión, constataron que la representación legal exigió reiteradamente la precisión temporal de las conductas imputadas, al tiempo que el Ministerio Público se limitó a señalar un extenso lapso aproximado de veinticuatro meses. A juicio del órgano judicial, dicha ambigüedad vulneraba de forma directa las garantías procesales para ejercer una adecuada contradicción.

La sentencia igualmente examinó el testimonio de la persona que denunció los hechos. Los magistrados consideraron que su relato presentaba una cronología imprecisa respecto de los interrogatorios, amenazas y presiones señalados, sin establecer claramente cuándo ocurrieron ni en cuáles de esos episodios habría intervenido directamente González Arredondo.

El tribunal, integrado por Marta Barrios, Mario Gámez y José Cornejo, concluyó que las deficiencias relacionadas con el tiempo y las circunstancias de los hechos también dificultaban determinar la probable participación del exfiscal y ponían en duda la existencia de elementos suficientes para mantener la acusación.

El fallo incorpora además una comunicación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante el proceso de amparo, el organismo manifestó su preocupación ante la posibilidad de que las acciones penales contra González Arredondo constituyeran una represalia relacionada con su trabajo en investigaciones de corrupción. El tribunal decidió incorporar la comunicación al expediente para considerarla al resolver.

González Arredondo había permanecido en prisión preventiva desde noviembre de 2022 hasta que un juez federal ordenó en marzo de 2023 que continuara el proceso en libertad. El nuevo fallo representa un revés para la acusación y modifica de manera significativa la situación jurídica del exfiscal, cuya trayectoria quedó estrechamente vinculada con las investigaciones anticorrupción realizadas durante el gobierno de Javier Corral.

El caso adquiere relevancia dentro del debate sobre el uso del sistema penal contra funcionarios y defensores de derechos humanos involucrados en investigaciones sensibles. La resolución pone el foco en la obligación de las autoridades de formular acusaciones precisas y respetar las garantías procesales de las personas sometidas a un procedimiento penal.

Fuente: EL PAÍS — https://elpais.com/mexico/2026-08-08/la-justicia-desarma-el-caso-contra-el-fiscal-que-persiguio-la-corrupcion-en-chihuahua.html