A cinco meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a una situación delicada caracterizada por rupturas internas, señalamientos de corrupción y una caída significativa en las preferencias de los votantes. En un panorama electoral cada vez más impredecible, el deterioro constante del partido gobernante pone en riesgo su continuidad en el gobierno.
Rupturas internas y falta de unión
La elección de Rixi Moncada como la candidata oficialista dejó expuestas tensiones acumuladas dentro de LIBRE. La posterior renuncia del diputado Jorge Cálix, una figura con trayectoria dentro de la organización, evidenció la existencia de desacuerdos profundos sobre el rumbo político y el estilo de conducción del partido. Cálix, junto a otros dirigentes que también abandonaron la agrupación, denunció prácticas autoritarias y una cultura de exclusión.
En reacción, los líderes del partido organizaron manifestaciones en apoyo a la presidenta Xiomara Castro y a Moncada. Sin embargo, estas acciones no cambiaron la percepción de una organización debilitada; en cambio, varios grupos las vieron como esfuerzos para mantener el poder político en un contexto difícil.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La situación empeoró ante las acusaciones de supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde legisladores asociados al partido oficialista fueron acusados de malversar fondos destinados a programas sociales. El caso más representativo fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión fue declarada junto con la eliminación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia masiva del partido a la inmunidad parlamentaria.
Pese a la contundencia aparente de estas decisiones, sectores opositores, en especial el Partido Nacional, las calificaron como maniobras simbólicas destinadas a desviar la atención. Según sus voceros, las acciones del oficialismo no han implicado sanciones reales ni investigaciones efectivas que garanticen rendición de cuentas.
Inconformidad del ámbito privado y exhortos para detener el desgaste institucional
Las críticas no se han limitado al ámbito político. Desde el sector empresarial, voces relevantes han manifestado su preocupación por el rumbo del país. En una reciente intervención pública, Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), responsabilizó directamente al gobierno de traicionar el mandato popular con prácticas que, según él, incluye nepotismo, uso discrecional de fondos públicos y falta de transparencia en casos emblemáticos como SEDESOL, la estafa Koriun y denuncias sobre presuntos vínculos con redes criminales.
Facussé alertó sobre la fragilidad institucional y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él interpretó como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario y financieramente inviable.
Caída en los sondeos y reordenamiento del panorama electoral
Las encuestas de opinión más recientes reflejan un descenso acelerado de LIBRE en la intención de voto. De acuerdo con los datos recopilados entre mayo y junio, el apoyo al partido oficialista ha oscilado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras muy por debajo del 42 % registrado en marzo. Esta tendencia descendente, junto con la volatilidad entre encuestas, sugiere una base electoral fragmentada y en busca de alternativas.
Simultáneamente, aspirantes de la oposición como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han avanzado, obteniendo respaldo con cifras que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las valoraciones públicas reflejan también el deterioro del gobierno: la presidenta Xiomara Castro tiene una calificación promedio de solo 4.1 sobre 10, en un escenario caracterizado por escándalos sin resolución y una creciente percepción de ineficacia.
Una perspectiva incierta para el oficialismo
La situación actual enfrenta a LIBRE a un desafío significativo. La mezcla de problemas internos, debilitamiento de las instituciones, falta de confianza y desaprobación pública ha mermado su posición ante las elecciones generales. Si continúan en esta dirección, el partido gobernante corre el peligro de no solo perder el mando del Ejecutivo, sino de poner en riesgo el proyecto político que los llevó al poder en 2021.
En esta situación, el resultado estará condicionado por la habilidad del partido para reorganizar su estructura interna, responder a las demandas sociales y proporcionar explicaciones concretas frente a las acusaciones de corrupción. Si no lo hacen, la elección del 30 de noviembre podría representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.
