En Honduras, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha generado controversia tras consolidar un proyecto personal: llevar el fútbol profesional a su ciudad natal, La Paz. Este equipo, el Policía Nacional Fútbol Club, surgió en 2023, meses después de la designación de Sánchez como ministro, y actualmente compite en la primera división del fútbol hondureño. Sin embargo, el surgimiento y financiamiento del club han levantado serias dudas sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.
El equipo, fundado bajo la Asociación Civil de Beneficio Mutuo Club Social de la Policía Nacional, combina el apoyo financiero de oficiales y agentes de la Policía Nacional con contratos millonarios adjudicados a empresas vinculadas al arrendamiento de vehículos. Entre 2024 y 2025, cuatro empresas – Econo Rent a Car, Arrendadora de Vehículos, Inversiones Globales, y Latin American Armored Rentals – firmaron contratos con la Secretaría de Seguridad por más de 2,600 millones de lempiras (cerca de 98 millones de dólares). Estas mismas empresas, previamente descalificadas en procesos de licitación en 2022, se convirtieron en patrocinadoras clave del club de fútbol.
Para integrarse en la Liga Nacional, el Policía Nacional Fútbol Club decidió unirse al Club Deportivo Génesis, entidad que ya figuraba inscrita en la primera división. A partir de esta unión, Sánchez pasó a ocupar la presidencia de la junta directiva, combinando sus funciones ministeriales con la administración del conjunto. Entre las fuentes adicionales de ingreso del club figuran los derechos de transmisión, las contribuciones económicas de la alcaldía de La Paz y la venta de entradas, que en su primera temporada superaron los 1.6 millones de lempiras.
No obstante, la opacidad en la administración de los fondos del club plantea fuertes cuestionamientos. Al ser gestionado por una asociación privada ligada a la Policía Nacional, sus estados financieros no están disponibles al público. Además, agentes de menor rango reportaron sentirse presionados para contribuir económicamente al Club Social de la Policía, lo que ha generado tensiones internas.
La relación que mantiene el equipo con su patrocinio estatal también ha suscitado cuestionamientos, ya que algunos observadores advierten que la financiación del club podría vincularse a un posible favoritismo en la adjudicación de contratos por parte de la Secretaría de Seguridad, reavivando antiguas dudas sobre manejos irregulares de los recursos públicos.
A pesar de las dudas, la presencia del Policía Nacional Fútbol Club parece haber revitalizado el municipio de La Paz. Su estadio, el Roberto Suazo Córdova, ha sido renovado, atrayendo partidos de alta competición y público proveniente de distintos lugares. Sin embargo, el impacto económico y social del equipo contrasta con las preguntas que persisten sobre la sostenibilidad del proyecto.
Aunque Gustavo Sánchez sostiene que impulsar el fútbol profesional en su ciudad obedece únicamente a una motivación personal y no a una directriz de la Secretaría de Seguridad, algunos críticos señalan que dicha iniciativa podría evidenciar conflictos de interés con repercusiones significativas en la administración de los recursos públicos.
Procedencia: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2025/10/22/el-negocio-detras-del-sueno-futbolero-del-ministro-de-seguridad-de-honduras/])
