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Esta semana el Gobierno inicia el proceso que culminará con la aprobación de las Prerrequisitos Generales del Estado (PGE) para 2025. Las actividades incluyen las reuniones del lunes de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), así como la aprobación por el Consejo de Ministros de economía macroeconómica y, posiblemente, del «techo de gas» este martes.
En reuniones con los ayuntamientos de la CNAL y con los consultores independientes del CPFF, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicará los objetivos de déficit y los recursos destinados a estos organismos estatales para el próximo año.
En el ámbito macroeconómico, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, anunció que el jueves el Gobierno aumentará la previsión de crecimiento del PIB para este año, ampliándola hasta 2025. Aunque aún no se han publicado las cifras exactas, confirmó Cuerpo. que la revisión para 2024 aumentará el crecimiento del PIB desde el 2% actual hasta alrededor del 2,5%, mientras que para 2025 la previsión es del 1,9%.
El Banco de España ha previsto un aumento del PIB del 2,3% este año y del 1,9% en 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un 2,4% este año y un 2,1% en el futuro próximo, mientras que la Comisión Europea prevé un 2,1% para 2024 y 1,9% para 2025.
Paralelamente, el Gobierno ha iniciado negociaciones para asegurar los PGE de 2025, buscando el apoyo de diferentes partidos mediante la «geometría variable», estrategia utilizada en el pasado para aprobar diversas normativas.
Fuentes del Ejecutivo compartieron con Servimedia detalles sobre los nuevos Prerrequisitos, destacando el «arma de emergencia» anunciada por el Ministerio de Agricultura en octubre. Este documento, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a los ministros a definir sus prioridades y necesidades.
El contexto político es complejo, sobre todo en Cataluña, donde las elecciones del 12 de mayo dieron la victoria al socialista Salvador Illa, pero todavía no hay candidato para la inversión ni acuerdo para su retirada. Las negociaciones están estancadas, aunque no han sido revocadas, según fuentes del Ejecutivo.
Para facilitar la aprobación de los primeros pasos de los PGE, el Gobierno incluyó en la Ley de Igualdad un compromiso para eliminar el veto del Senado sobre los objetivos de déficit, permitiendo que sean aprobados únicamente por el Congreso. Este medio generó un debate jurídico tras su presentación al PP en el Congreso. Con todo ello, el objetivo de Montero es presentar el proyecto de Presupuestos en octubre.
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