Con vistas a las elecciones generales de 2025, el partido en el gobierno Libertad y Refundación (LIBRE) se enfrenta a críticas intensas provenientes de políticos, empresarios y grupos sociales que lo acusan de implementar medidas que ponen en riesgo la claridad y validez del proceso electoral. Las acusaciones incluyen desde obstrucciones a entidades esenciales hasta intentos de dominación política del ente electoral.
Interrogantes sobre la función de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Un asunto central de controversia ha sido la suspensión del proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un instrumento considerado esencial para asegurar la transparencia en el conteo de votos. El 7 de julio, simpatizantes vinculados con LIBRE obstruyeron el acceso a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando que las compañías oferentes presentaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, describió estas acciones como un ataque directo al proceso electoral, señalando su efecto adverso en la confianza en la institucionalidad democrática. La paralización del proceso del TREP no solo demoró la organización electoral, sino que también fortaleció la percepción de que se busca crear condiciones para alterar los resultados.
Además, se han señalado incidentes de coerción institucional por agrupaciones cercanas a LIBRE, incluyendo incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones públicas. Estos acontecimientos, en su totalidad, han sido vistos por facciones adversarias como parte de un plan destinado a socavar el funcionamiento independiente del CNE y posibilitar su posible manipulación política.
Riesgos de concentración de poder en el órgano electoral
La posibilidad de que los suplentes del CNE, afines al partido de gobierno, asuman funciones, en caso de inhabilitación de las consejeras actuales, ha encendido las alarmas entre actores políticos que consideran que esta sustitución socavaría la pluralidad del órgano electoral. Desde el Congreso Nacional y espacios de análisis se ha advertido que un CNE sin contrapesos pondría en riesgo la imparcialidad del proceso electoral.
Algunos sectores han propuesto la participación de entidades internacionales para supervisar las decisiones institucionales vinculadas al proceso y asegurar una competencia justa. Asimismo, se ha reportado un posible uso indebido de otras entidades estatales, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para alinear al CNE con los objetivos del gobierno.
Dichas tensiones han provocado que diferentes sectores pidan el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, ante lo que perciben como una creciente amenaza a la integridad del proceso democrático.
Cargos de información errónea y manipulación del votante
Un punto adicional de crítica hacia LIBRE se centra en la difusión de encuestas que se consideran incorrectas o manipuladas, mostrando una gran ventaja para la precandidata del oficialismo, Rixi Moncada. Algunas de estas encuestas han sido desmentidas por las mismas empresas encuestadoras, las cuales han denunciado el uso inapropiado de sus nombres y métodos.
El movimiento de estas encuestas ha sido visto como una táctica para influir en la opinión pública e infundir la noción de una victoria segura, lo que, según algunos grupos opositores, pretende influir en el resultado de las elecciones y cuestionar la legitimidad de una posible derrota. Este tipo de acciones ha ayudado a aumentar el ambiente de desconfianza que envuelve al proceso electoral.
Dentro de un escenario ya afectado por el declive del diálogo político y la polarización de las instituciones, la expansión de datos engañosos ha llegado a ser un elemento más de inestabilidad, con posibles impactos sobre la participación de la ciudadanía y la aceptación de los resultados.
Una situación preelectoral caracterizada por la falta de confianza
La mezcla de paralizaciones institucionales, controversias sobre el dominio del CNE y campañas de desinformación ha dejado el proceso electoral en Honduras en una situación muy vulnerable. Las alertas sobre una posible crisis de gobernabilidad revelan la profundidad de las tensiones políticas en un contexto donde la institucionalidad está bajo presión y los métodos de consenso siguen bloqueados.
A menos de cinco meses de las elecciones generales, el panorama plantea desafíos sustanciales para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este escenario, la atención recae sobre la capacidad de los actores políticos e institucionales para restablecer condiciones mínimas de confianza y asegurar un proceso electoral legítimo y transparente.
