Dentro del escenario preelectoral en Honduras, la imagen de Rixi Moncada, quien aspira a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), ha estado inmersa en varias controversias asociadas al uso de recursos públicos y acusaciones por posibles actos de corrupción. Estas imputaciones, que involucran desde procedimientos legales nacionales hasta querellas en foros internacionales, se añaden a un contexto político caracterizado por la división y el escepticismo ciudadano hacia las instituciones.
Denuncias por gestión inadecuada de recursos sociales
Uno de los principales señalamientos contra Moncada gira en torno al uso de recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), especialmente en el departamento de Copán. Según denuncias recientes, fondos públicos habrían sido canalizados hacia estructuras vinculadas al partido oficialista, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la utilización de programas sociales con fines electorales.
Estas acusaciones coinciden con un contexto de creciente presión sobre la transparencia en el uso del gasto público en año electoral, en el que diferentes sectores han exigido controles más estrictos sobre la ejecución de fondos destinados a asistencia social.
Reporte mundial presentado al FBI
El asunto se transformó en un tema internacional a inicios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, ciudadano de Estados Unidos, hizo una denuncia ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) donde se alude a Moncada y a otros representantes gubernamentales. La denuncia sostiene que hubo irregularidades administrativas y mal uso de funciones públicas que habrían perjudicado inversiones extranjeras en la nación.
A día de hoy, la aspirante de LIBRE no ha emitido declaraciones públicas acerca de esta acusación, que podría tener consecuencias diplomáticas si progresa en cortes extranjeras. La falta de comunicación oficial ha intensificado la discusión sobre la eficacia del sistema político de Honduras en relación a temas internacionales.
Historial de investigaciones y cuestionamientos previos
Las disputas que actualmente envuelven a Moncada no son inéditas. En 2009 y 2013 fue investigada por abuso de poder y supuesto fraude durante su tiempo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de haber estado asociada con contratos de la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambas situaciones la justicia en Honduras emitió sobreseimientos definitivos, su nombre ha seguido apareciendo en reportajes periodísticos y en investigaciones realizadas por organismos de control.
Recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una denuncia por supuesta malversación de fondos públicos contra Moncada y varios otros funcionarios. Sin embargo, las autoridades no han revelado detalles del caso, lo que ha creado incertidumbre respecto al progreso judicial y ha aumentado las dudas acerca de la transparencia del proceso.
Conflictos institucionales y dudas acerca del ejercicio del poder
Junto con las acusaciones de corrupción, la postulación de Moncada ha sido objeto de críticas vinculadas a sus responsabilidades en cargos públicos mientras compite por la presidencia. Ciertos grupos han puesto en duda su participación en la creación de propuestas y auditorías que, de acuerdo a sus opositores, van más allá de las facultades asociadas a su posición, provocando una discusión sobre la independencia de poderes y el balance institucional.
Estas críticas se intensifican debido a que la candidata ha ocupado puestos gubernamentales durante su campaña, lo cual ha suscitado inquietudes sobre potenciales conflictos de interés y el probable uso de recursos del estado a favor de su postulación. Entidades de la sociedad civil han hecho un llamado a una supervisión más activa por parte de los ciudadanos y al refuerzo de sistemas de transparencia para asegurar la justicia en el proceso electoral.
Un panorama marcado por la desconfianza institucional
La situación de Rixi Moncada destaca los retos que Honduras tiene en cuanto a gobernabilidad, transparencia y consolidación del Estado de derecho. En un año crucial para el futuro político del país, las acusaciones de corrupción y las discusiones sobre el manejo de los fondos públicos se han posicionado como temas principales en el debate nacional.
Aunque las autoridades siguen sin aclarar el estado legal de las acusaciones en su contra, Moncada sigue siendo el centro de atención, con posibles repercusiones que podrían impactar directamente en la legitimidad del proceso electoral de 2025 y en la percepción pública sobre la autonomía de las instituciones.
