La justicia europea desestima la primera demanda de unos refugiados contra Frontex que había llegado a juicio | Internacional

El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado la demanda interpuesta por una familia de refugiados contra la agencia europea de fronteras Frontex por haberles deportado ilegalmente y haber violado sus derechos fundamentales, pues considera que la responsabilidad de respetar los derechos humanos recae exclusivamente en los Estados Miembros. Este litigio, no obstante, supone un caso único porque es la primera vez que unos civiles han sentado en el banquillo a esta institución por haber desempeñado un papel en las expulsiones ilegales en las fronteras europeas.

La sentencia desestima la demanda porque, según afirma, “el comportamiento que se imputa no puede haber causado los daños supuestamente sufridos debido a que, en las operaciones de retorno, la agencia solamente presta apoyo técnico y operativo a los Estados miembros”. El tribunal, con sede en Luxemburgo y máximo órgano judicial de la Unión Europea, concluye que los refugiados “no han presentado prueba de un nexo causal lo suficientemente directo entre los daños y el comportamiento que se imputa a Frontex”. Este primer fallo será recurrido ante la instancia superior del mismo Tribunal de Justicia de la UE, según ha confirmado Lisa-Marie Komp, abogada del bufete holandés Prakken d’Oliveira, que lleva el caso.

Komp ha calificado la sentencia de “insatisfactoria”, sobre todo para los demandantes. “Les decepciona que no se responsabilice a Frontex de su papel en la expulsión ilegal de la que son víctimas y de la forma en que fueron deportados”, ha comentado en un correo electrónico.

La demanda por daños y perjuicios fue interpuesta a finales de 2021 por una familia siria formada por un matrimonio y tres niños de entre uno y siete años. Habían huido de la ciudad sirio-kurda de Kobane, asediada por el grupo yihadista Estado Islámico. Los cinco llegaron en una neumática a la isla griega de Mylos después de una travesía por mar desde las playas de Esmirna, en Turquía, el 9 de octubre de 2016, en plena crisis de los refugiados. La balsa iba abarrotada y se les averió el motor durante la navegación, pero lograron llegar a tierra firme. Tras ser trasladados a la isla de Leros, manifestaron su deseo de presentar una solicitud de protección internacional. Frontex y las autoridades griegas les deportaron 11 días después a Turquía sin haber tenido la oportunidad de un procedimiento de asilo. Tampoco hubo decisión de deportación.

Según el relato de estos refugiados, los cinco fueron embarcados en un vuelo junto a otros 18 sirios, acompañados cada uno de ellos por un guardia uniformado con el emblema de Frontex. Los niños fueron separados de sus padres. “Los pequeños lloraban. Cada miembro de la familia se sentaba junto a guardias fronteras uniformados, que son como armarios”, contó Filp Schuller, letrado del bufete holandés, al periódico De Groene Amsterdammer. “Al final, al más pequeño se le permitió estar en el regazo de la madre, pero el de dos años tuvo que permanecer sentado. Estaba prohibido hablar. Fue una experiencia traumática para toda la familia”.

El padre, de 33 años entonces, contó al diario The Guardian dos semanas después de la deportación que cuando estaban en Heros, un policía les dijo: “Recoged vuestras cosas, os llevaremos a una comisaría esta noche y a Atenas mañana”. “Nunca supe que nos iban a devolver a Turquía”, afirmó el hombre. Cuando bajaron del avión, fueron entregados a las autoridades turcas, quienes los internaron en el campo de detención de Düziçi. Allí pasaron dos semanas antes de ser liberados. Temiendo ser deportados a Siria, decidieron marchar a Erbil, en el norte de Irak, donde aún viven. Las ONG griegas y turcas les pusieron en contacto con los abogados holandeses. La familia también cuenta con el apoyo del Consejo Holandés para los Refugiados y el Fondo de Asistencia Jurídica de la ONG Sea-Watch, entre otras ONG.

Durante el juicio, celebrado el pasado 9 de marzo, la defensa alegó que la deportación realizada por Frontex fue ilegal, ya que se les expulsó a otro país sin un procedimiento previo, y como consecuencia se les denegó su derecho fundamental a pedir asilo. Además, en ese momento ya estaba en vigor el pacto migratorio entre la UE y Turquía, por el cual Ankara se comprometía a hacerse cargo de las personas que entrasen a Europa por Grecia y a organizar su reubicación en un Estado miembro de la Unión a cambio de una serie de beneficios, como la donación de 6.000 millones de euros.

Separación traumática

Los abogados defensores consideran que, al separar a los niños de sus padres durante la expulsión, la agencia europea también violó los derechos de los menores de edad, pues les hizo vivir una situación traumática, y la prohibición de no devolución, un principio del derecho internacional que veta la devolución de solicitantes de asilo a un país en el que su vida corra peligro. Por todo ello, la defensa solicitó una indemnización de más de 96.000 euros por daños materiales y otros 40.000 euros por daños morales.

La defensa considera también que si Frontex no hubiera incumplido sus obligaciones en materia de protección de derechos fundamentales, los refugiados no habrían sido devueltos ilegalmente. En cambio, sí habrían obtenido la protección internacional a la que tenían derecho, habida cuenta de su nacionalidad y de la situación de Siria en el momento de los hechos, uno de los más crudos de la guerra civil que vive el país desde hace 12 años.

La justicia europea señala, por el contrario, que los Estados miembros son los únicos competentes para evaluar el fundamento de las decisiones de retorno y examinar las solicitudes de protección internacional. “Por lo tanto, los refugiados se equivocan al considerar que, de no haberse producido las supuestas deficiencias de Frontex, no habrían sido devueltos ilegalmente a Turquía y no habrían sufrido los daños materiales y morales que invocan”, afirma la sentencia.

Ante quién pedir cuentas

Ante el veredicto, se plantean dos cuestiones, a juicio de los abogados defensores.

Por una parte, no está claro cómo debe entenderse el mandato de Frontex, ya que su propio reglamento establece que la agencia debe contar con un mecanismo eficaz para supervisar el respeto de los derechos fundamentales en todas sus actividades, pero la sentencia no aclara qué significa esto en la práctica.

Komp se pregunta, entonces, ante quién y por qué actividades se pueden pedir cuentas a la institución. “Frontex tiene un gran poder sobre la vida de las personas, como demuestra el caso de la familia siria. En una Unión basada en el Estado de derecho, el poder debe ir acompañado de la rendición de cuentas. Esta sentencia demuestra que los particulares no pueden exigir responsabilidades a Frontex ante los tribunales por el trato que la Agencia les dispensa”, sostiene la abogada. “Ahora corresponde a las instituciones políticas, especialmente a la Comisión Europea, aclarar el mandato de Frontex. Debe aclarar cómo Frontex debe supervisar el cumplimiento de los derechos humanos”, completa.

La agencia ha emitido un comunicado en el que coincide con el tribunal acerca de su falta de competencias, y afirma que el caso les permitirá “mejorar” sus procedimientos de retorno. Asimismo, insta a los Estados miembros a que confirmen explícitamente que las personas para cuyo retorno se solicita su apoyo “han sido objeto de decisiones de retorno individuales ejecutables y que se les ha concedido la oportunidad de solicitar protección internacional”.

Un caso que sienta precedentes

No es la primera vez que Frontex es acusada de violar derechos fundamentales, pero hasta ahora ninguna persona les había conseguido sentar en el banquillo por una devolución en caliente, pese a que diversas organizaciones humanitarias, periodistas e investigadores llevan años denunciando sus supuestos abusos. Pero a menudo faltan pruebas fehacientes.

La primera vez que la agencia europea se sentó en el banquillo fue por un caso de derechos civiles a raíz de la demanda de una abogada española, Luisa Izuzquiza, por su falta de transparencia en la gestión de la crisis de refugiados de 2015 y 2016. Pero Frontex ganó. También en noviembre de 2021, la defensora del pueblo Europeo, Emily O’Reilly, les investigó para evaluar la transparencia de su mecanismo de denuncias para quienes creen que sus derechos han sido violados en el contexto de las operaciones fronterizas, como ocurrió con esta familia siria. Más recientemente, O’Reilly abrió otra investigación por el papel de la agencia en el naufragio, en junio de 2023, del barco Adriana, en el mar Jónico, que llevaba 750 personas hacinadas en su interior y la mayoría se ahogó.

Otro caso sonado ocurrió en 2022, cuando la Agencia Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) constató graves irregularidades en la gestión de la inmigración irregular. Su investigación reveló que los altos mandos de Frontex eran conocedores de prácticas ilegales por parte de sus agentes y de algunos Estados miembros en las rutas de entrada de migrantes.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.