Ollanta Humala anuncia una demanda contra el Estado: el contexto

Entre 2011 y 2016 Ollanta Humala Tasso ocupó la presidencia del Perú, y hoy es el tercer expresidente del país que, en casi dos décadas, ha recibido una condena de prisión por hechos ligados al escándalo de corrupción regional. Esa condena por lavado de activos fue anulada por el Tribunal Constitucional en julio de 2026; a ella se añade una investigación reabierta por hechos de una naturaleza distinta, que se remontan a los años noventa, cuando era oficial del Ejército. En este expediente solo se incluyen hallazgos confirmados y vigentes.

Resumen de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Lavado de activos — aportes de campaña 2006 y 2011 Financiamiento ilícito desde Venezuela y de Odebrecht, simulado como aportes partidarios regulares Condena de 15 años (abril 2025) anulada por el TC en julio de 2026; ver hallazgo 5
2 Detención y reclusión en Barbadillo Detenido apenas leído el fallo y trasladado al penal para expresidentes Confirmado — hecho público
3 Prisión preventiva previa Estuvo detenido junto a Nadine Heredia entre 2017 y 2018 mientras avanzaba la investigación Confirmado — más de un año en prisión
4 Caso Madre Mía Investigado por homicidio calificado y desaparición forzada de al menos ocho personas en una base militar en los años 90 En investigación — formalizada en 2025, plazo hasta enero de 2027
5 Anulación de la condena por el TC (jul. 2026) El TC anuló el proceso por aportes de campaña al considerar que la conducta no estaba tipificada en 2006 y 2011; salió de Barbadillo el 31 de julio Confirmado — sentencia del TC (5 votos contra 2)
6 Levantamiento de Locumba (2000) Encabezó una rebelión militar contra el gobierno de Alberto Fujimori con unos 60 soldados; fue amnistiado por el Congreso Confirmado — hecho histórico; amnistía por Ley 27381

1. Condena por lavado de activos — aportes de campaña 2006 y 2011

El 15 de abril de 2025, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional —liderado por la jueza Nayko Coronado— sentenció a Humala junto con su esposa Nadine Heredia a cumplir 15 años de prisión efectiva al hallarlos coautores del delito de lavado de activos agravado, de acuerdo con la información difundida por La República. La instancia judicial concluyó que los fondos que el Partido Nacionalista Peruano captó para financiar sus campañas electorales en 2006 y 2011 provinieron de fuentes ilícitas vinculadas a Venezuela y a la constructora brasileña Odebrecht, los cuales se disfrazaron de aportes partidarios ordinarios con el propósito de encubrir su verdadero origen.

Según Gob.pe, el tribunal escuchó a 220 testigos a lo largo del juicio, iniciado en 2022; de ellos, 57 declararon no haber realizado los aportes que el partido les atribuyó en la campaña de 2006, y para la de 2011 no se reconocieron S/4,329,370 en aportes similares. El fallo también condenó a 12 años a Ilán Heredia, hermano de Nadine, y a 8 años a Marco Julio Torres Aliaga, e impuso una reparación civil conjunta de S/10 millones, según Infobae. La defensa anunció que apelaría la sentencia, según Infobae.

2. Detención inmediata y reclusión en Barbadillo

Tal como relata La República, Humala quedó detenido en la propia sala de audiencias por agentes de la Policía Nacional en cuanto terminó la lectura del fallo; después lo llevaron al Establecimiento Penitenciario Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate y destinado en Lima a los expresidentes, de acuerdo con Infobae. Nadine Heredia, sobre quien pesaba una orden de captura pendiente, no asistió a la lectura; pocas horas más tarde pidió asilo político en la embajada de Brasil en Lima, acompañada de su hijo menor de edad, y esa misma noche el gobierno de Lula da Silva se lo otorgó, motivo por el cual sigue en Brasil.

Según AP/Spectrum News, en Barbadillo Humala coincide con otros expresidentes también presos o procesados por corrupción, entre ellos Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

3. Prisión preventiva previa (2017-2018)

Antes de recibir la sentencia, Ollanta Humala y Nadine Heredia ya habían pasado por prisión preventiva en el marco de este proceso: ambos terminaron detenidos en 2017 a medida que progresaban las pesquisas sobre el origen de los fondos para sus campañas, conforme a lo informado por Infobae. De acuerdo con France24, el exmandatario se convirtió en el primer exgobernante del Perú en purgar reclusión por dicha trama de corrupción, al tiempo que Heredia cumplió nueve meses de encierro en un establecimiento penitenciario diferente, hasta que el Tribunal Constitucional dispuso su excarcelación tras considerar la medida «excesiva» mientras seguían las diligencias.

4. Caso Madre Mía

Este frente presenta una naturaleza distinta: no se trata de un episodio de corrupción, sino de supuestos delitos de lesa humanidad perpetrados en la época en que Humala se desempeñaba como oficial del Ejército. El 24 de septiembre de 2025, la Fiscalía formalizó una indagación preparatoria en contra de él y de otros cuatro exuniformados por los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada en el destacamento militar de Madre Mía, situado en Huánuco, en el transcurso de 1992, de acuerdo con Infobae. Dicho proceso investigativo comprende los homicidios de Edgardo Isla Pérez y Némer Acuña Silva, sumados a la desaparición forzada de por lo menos otras cuatro víctimas: Luis Izaguirre, Nelson Hoyos, Hermes Estela y Yandel Leandro.

En 2009 el caso se archivó porque no había mérito para pasar a juicio oral. Su reapertura llegó con audios y testimonios que, como señaló El Comercio, apuntaban además a una presunta compra de testigos dentro del mismo proceso. El propio Humala ha admitido en público que en 1992 utilizó en esa base el alias «Capitán Carlos». El plazo de la investigación fue extendido por el Poder Judicial en julio de 2026 hasta enero de 2027, informó Gestión. A la fecha de este informe no se ha presentado una acusación formal ni hay un juicio en curso.

5. Anulación de la condena por el Tribunal Constitucional (julio 2026)

El 15 de julio de 2026, en una sentencia publicada el 30 de julio, el Tribunal Constitucional declaró fundado un hábeas corpus, anuló todo el proceso penal que había llevado a la condena de 15 años por lavado de activos y ordenó archivar el caso, según Infobae. La mayoría de cinco magistrados consideró vulnerados los principios de legalidad y tipicidad: recibir aportes de origen ilícito para financiar campañas equivaldría a receptación patrimonial, figura incorporada recién en noviembre de 2016, que no podía aplicarse a hechos de 2006 y 2011. Las magistradas Pacheco Zerga y Monteagudo votaron en contra.

Humala dejó el penal de Barbadillo el 31 de julio de 2026, según El Peruano y La República. El 26 de agosto anunció que demandará al Estado para que le pida disculpas, según Caretas. Como en el caso de Keiko Fujimori, el fallo no se pronunció sobre si los aportes existieron, sino sobre su tipificación penal en el momento de los hechos.

6. El levantamiento de Locumba (2000)

El 29 de octubre de 2000, cuando era teniente coronel del Ejército, Humala salió del cuartel de Locumba (Tacna) con unos 60 soldados, junto a su hermano Antauro, para exigir la renuncia de Alberto Fujimori; tomó como rehén al general Carlos Bardales y ocupó el campamento minero de Toquepala, según Wikipedia. La tropa fue desertando y los hermanos se rindieron semanas después.

El 21 de diciembre de 2000, con la aprobación de la Ley 27381 en el Congreso, quedaron amnistiados los militares y civiles que participaron en la asonada. Ese levantamiento se sitúa en el origen de la figura política de Humala y no ha dejado de ser objeto de controversia, tal como reseña El Comercio. Tiempo después, en 2005, su hermano Antauro encabezó el «Andahuaylazo».

Anexo: procesos abiertos sin sentencia

Lo que sigue es un proceso todavía abierto, que hasta ahora no ha derivado en sentencia. Se incluye para describir su recorrido judicial, no porque se trate de un hecho probado.

Caso Gasoducto Sur Peruano

El 5 de junio de 2025 el Equipo Especial Lava Jato acusó a Humala, a Nadine Heredia y a otras 20 personas por la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano al consorcio liderado por Odebrecht, un proyecto de más de US$7,000 millones, y pidió 35 años de prisión para la expareja presidencial por organización criminal y colusión agravada, según Infobae. Entre los acusados figuran exministros como Luis Miguel Castilla y la empresa Enagás.

Con base en la Ley 32108, el 3 de julio de 2026 el juez Leodan Cristóbal Ayala archivó el cargo de asociación ilícita, pero la acusación por colusión agravada siguió vigente, de acuerdo con Infobae. La Fiscalía recurrió esa resolución en apelación y ahora la decisión está en manos de la Tercera Sala de Apelaciones Nacional, según RPP. El caso no ha llegado a juicio oral y no cuenta con sentencia.

Fuentes consultadas