La Casa Blanca está tomando medidas rápidamente para rescatar su plan comercial, que ha sido gravemente afectado después del fallo del miércoles que invalidó la mayoría de los aranceles implementados por Donald Trump. La Administración ha señalado que, si las instancias judiciales inferiores no aplazan la implementación de la sentencia, solicitará este mismo viernes al Tribunal Supremo que preserve las tarifas actuales sobre las importaciones, argumentando que su eliminación causaría “daños irreparables” a la economía y a la seguridad nacional.
El veredicto constituye el contratiempo judicial más significativo para Trump desde el inicio de su segundo mandato. Los abogados han solicitado medidas cautelares en el Tribunal de Comercio Internacional y ante un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el documento de 124 páginas entregado este jueves, el gobierno advierte que, de aplicarse la sentencia, “los acuerdos exitosos con varios países podrían desintegrarse de inmediato”, aunque en realidad Trump no ha concretado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Planteamientos reiterados, sin nueva justificación
El Gobierno insiste en los mismos argumentos esgrimidos durante el proceso: que los tribunales no tienen potestad para cuestionar la decisión presidencial de invocar leyes de emergencia para imponer aranceles, y que existe jurisprudencia —como la de Richard Nixon— que valida este tipo de medidas. Sin embargo, la sentencia judicial analiza precisamente ese precedente y lo usa para desmontar la legalidad de la actuación de Trump.
La petición presentada al Supremo destaca que, sin una suspensión urgente, «aunque los aranceles sean ratificados más adelante, el perjuicio ocasionado ya no podrá ser deshecho». El Ejecutivo señala que podría ver reducidos sus ingresos fiscales, afectar sus negociaciones internacionales y enfrentar represalias en el comercio.
La sentencia: un golpe a la estrategia y la legalidad de Trump
El miércoles, el Tribunal Internacional de Comercio decidió por unanimidad que los aranceles extensivos impuestos por Trump son ilegales, al determinar que el presidente se extralimitó en sus poderes constitucionales y transgredió la legislación al utilizar incorrectamente una ley de emergencia.
El fallo revoca, entre otras cosas, los aranceles del 25% que se aplicaron a Canadá y México, y del 20% a China, así como los controvertidos “aranceles recíprocos” impuestos mundialmente bajo el pretexto de luchar contra el fentanilo y regular la inmigración. Estas disposiciones, anunciadas en el denominado “Día de la Liberación”, fueron posteriormente disminuidas al 10% debido a la presión de los mercados.
Conflicto político y legal
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha criticado duramente el fallo, calificándolo de “extralimitación judicial” y acusando a “jueces no elegidos” de entrometerse en decisiones del Ejecutivo. “Estados Unidos no puede funcionar si un presidente ve cómo sus negociaciones se ven bloqueadas por jueces activistas”, declaró.
Stephen Miller, subjefe de gabinete, fue más allá: “Vivimos bajo una tiranía judicial”, tuiteó el jueves por la noche.
Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, aseguró en Fox Business que confía en que la decisión será revertida en la apelación. No obstante, la Casa Blanca admite que prepara un recurso sobre el fondo del asunto que todavía no ha sido presentado.
División ideológica en el Supremo
La Corte Suprema, en la cual Trump tiene a tres jueces dentro de los seis que constituyen la mayoría conservadora, podría actuar como el decisor definitivo. No obstante, ese balance ideológico no asegura un fallo beneficioso. La resolución revocada fue suscrita unánimemente por magistrados nombrados por Trump, Reagan y Obama, lo que le confiere una relevancia institucional complicada de ignorar.
El gabinete sale en defensa de los aranceles
La gravedad de la situación llevó a cuatro miembros del Gabinete a presentar declaraciones formales ante el tribunal. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, alertó de que la anulación de los aranceles “socavaría” acuerdos recientes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió del riesgo de ruptura de negociaciones en curso. El representante comercial, Jamieson Greer, teme una distorsión de las condiciones de competencia. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, considera que el fallo pone en peligro la política exterior y la seguridad nacional.
