La reciente publicación de un narcovideo en Honduras ha elevado las inquietudes respecto al desempeño del sistema judicial de la nación. Según un reporte emitido por el centro de investigación InSight Crime, el caso no solo revela conexiones entre individuos del narcotráfico y personas influyentes, sino que también ratifica un patrón alarmante: el uso de la justicia como instrumento político.
Patrones de impunidad y persecución selectiva
InSight Crime expone una situación en la que la aplicación de la justicia es desigual. Algunos acusados enfrentan acusaciones públicamente y pasan por juicios expeditos, mientras que otros, presumiblemente conectados con el gobierno actual, permanecen libres de intervención judicial o incluso reciben respaldo institucional. El informe señala que este comportamiento no es novedoso en la región, sin embargo, en Honduras ha llegado a niveles especialmente alarmantes recientemente.
El reporte también señala similitudes con situaciones autoritarias vistas en naciones como Venezuela y Nicaragua, donde el sistema judicial ha sido captado por intereses políticos para garantizar impunidad a los aliados y penalizar a los opositores. La situación en Honduras, según el centro de estudios, avanza en esa dirección, lo cual pone en riesgo directamente el Estado de derecho.
Comentarios críticos y solicitud de monitoreo internacional
Las respuestas al reporte no tardaron en aparecer. Líderes políticos opositores, expertos legales y activistas de derechos humanos han estado de acuerdo en destacar que el uso político del sistema judicial amenaza la validez del sistema democrático. Este asunto también inquieta a entidades internacionales, que han recibido peticiones para observar el declive institucional del país.
Una fuente diplomática entrevistada por InSight Crime señaló que Honduras podría dirigirse hacia una crisis seria de gobernabilidad si no se recuperan las garantías básicas de independencia judicial. La creciente desconfianza de la población, promovida por la falta de transparencia y la impunidad, ha debilitado aún más la confianza en las instituciones.
En este escenario, varios sectores han solicitado de manera urgente a entidades multilaterales como la OEA y la ONU que continúen observando al país. Demandaron medidas que aseguren la independencia y transparencia del sistema judicial, sin influencias partidistas ni de intereses delictivos.
El escándalo del narcovideo no solo revela un caso específico de corrupción, sino que también se ha transformado en un emblema de una justicia que, en lugar de ser imparcial, parece actuar con conveniencia política.
